ZOON POLITIKÓN

Hay de dos: o darse por vencido o seguir la lucha. Los datos no son alentadores. El Barómetro Global de la Corrupción 2006 de Transparencia Internacional nos da un nuevo coscorrón. Hablan los ciudadanos. En el último año uno de cada tres mexicanos ha tenido que recurrir en su vida cotidiana a la "mordida". Se trata de servicios públicos básicos: educación, salud, acceso al sistema de justicia, etcétera. Nos situamos en el mismo lugar que Bolivia como campeones en el continente en ese difícil trance de corromper para sobrevivir. Pero ése no es el dato más grave. Una mayoría de ciudadanos, 43 por ciento, considera que el gobierno mexicano no lucha contra la corrupción sino que la fomenta. Se ha perdido al principal aliado: el ciudadano.

Una de las Secretarías mas codiciadas sin duda es “Gobernación”, entre otras cosas porque se gana mucho y se piden pocos resultados, o al menos hasta ahora así han sido las cosas, El asunto es que hoy por hoy la dirigencia de las instalaciones de Bucareli esta siendo muy buscada por algunos y mirada con cierto desinteres – al menos publico – por otros. Entre las personalidades más sonadas se encuentran los siguientes, uds que opinan de ellos? Quien les gustaria? Voten, voten!.

 Carlos Abascal Carranza. Por el bien de todos… espero que no..
 Juan Ramón de la Fuente. Muy buena opción. Sin duda el mejor Rector de la UNAM desde el Dr. Gonzalez Casanova. UNAM, lugar 74 de entre 12 mil, sin duda Juan Ramón es una excelente opción.
 Francisco Javier Ramírez Acuña. Destapó a Calderón en 200, represor e intolerante a ideas contrarias. Muy leal a Calderon incluso sobre intereses personales.
 Juan Molinar Horcasitas. buen Consejero Electoral pero … ojala y no.
 Josefina Vazquez Mota… puts….!!! Cualquiera menos Doña Chepa…
 José Woldenberg Karakowsky. Sin comentarios. La mejor opción.

Como ven?

Que la vida iba en serio
uno lo empieza a comprender más tarde
-como todos los jóvenes, yo vine
a llevarme la vida por delante.

Dejar huella quería
y marcharme entre aplausos
-envejecer, morir, eran tan sólo
las dimensiones del teatro.

Pero ha pasado el tiempo
y la verdad desagradable asoma:
envejecer, morir,
es el único argumento de la obra.

JAIME GIL DE BIEDMA

En el México de hoy es habitual el olvido del significado real de algunos asuntos tales como: democracia, tolerancia, transparencia, respeto, pobreza extrema, migración, justicia, separación iglesia-estado, etc. Siendo éstas dos ultimas aspectos difíciles de interpretar por parte del Gobierno Federal, a pesar de la presunción hilarante que tienen de su “apego irrestricto a la ley”. En este orden de ideas, resulta grave el hecho de que por una lado en el pasado proceso electoral las descalificaciones del Cardenal Norberto Rivera fueran continuas y letales hacia la izquierda, olvidando hábilmente lo señalado en el Art. 130 constitucional (1), y por otro lado hace unas semanas nuevamente la Iglesia Católica Mexicana es protagonista de un escándalo tan lamentable como la pederastia, y bueno la pregunta es ¿qué sucede con el irrestricto apego a la ley? acaso es una falacia.

Ahondar en ambas cuestiones seria muy tardado, por lo cual voy a enfocarme en el “encubierto” incidente de la pederastia en la iglesia mexicana. En este sentido, la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales de Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés) acusa al Cardenal Norberto Rivera y al Arzobispo de los Ángeles Roger Mahony de encubrir al sacerdote pederasta Nicolás Aguilar.

Ante las evidencias contundentes presentadas por los demandantes ante las autoridades pertinentes la reacción de la Iglesia ha sido paradójica, para ellos la necesidad de justicia no es mas que chantajes, malas intenciones, conspiraciones de anticatólicos y mentiras con el único fin de desacreditar la imagen de la iglesia y lastimar a quienes verdaderamente creen en Dios. Los antecedentes de denuncias levantadas al sacerdote pederasta, testimonios, casos anteriores de pederastia donde la impunidad es el denominador común, no cuentan, sólo son ficciones.

Continuo sin entender que diferencia existe entre el abuso sexual a un menor por parte de un ciudadano común y la de un clérigo, ¿acaso la segunda marca menos de por vida a la victima, es menos cuestionada por Dios y sobretodo es menos grave ante los ojos de la ley?. Es aventurado aseverar esto, empero, tal pareciera que es así, los castigos a los que son sometidos este tipo de delincuentes no son mas que una serie de medidas emergentes que buscan encubrir irracionalmente este tipo de escándalos a fin de no ver mermadas las cuantiosas ganancias que representas los devotos mexicanos, de este modo, pareciera que eso es lo importante, no el hecho de que un ser humano sufra un daño físico y psicológico inimaginable, que las leyes sean burladas por unos cuantos, la manipulación de masas por medio del abuso de poder que les da el ser supuestos intermediarios de Dios en la tierra beneficiando o desacreditando en su caso a políticos y el cometer actos corruptos aceptados y encubiertos por los medios masivos de comunicación.

En cuanto a los castigos, la Iglesia en lugar de acatar lo señalado en el artículo 130 constitucional (2) , aplican el remover temporalmente a otro destino a los sacerdotes implicados en los escándalos, lo cual da impresión de protección. En este sentido, las autoridades ofrecen la garantía para que los procesos legales para enjuiciar a este tipo “especial” de delincuentes sea largo y lleno de impedimentos, posteriormente cuando se hace público este tipo de corrupción, no hay más que descalificaciones de la Iglesia, argumentando que se esta cuestionando al sistema de justicia de un país en donde el sacrosanto gobierno federal actúa exclusivamente con un apego irrestricto a la ley, en beneficio de las y los mexicanos.

Finalmente, la doble moral que se presenta en los políticos, la protección ilegal con la que cuentan los clérigos en nuestro país, la nula objetividad de los medios de comunicación al difundir y hacer reflexionar a la población de los problemas que realmente representan un peligro para México continua presente. Al respecto, nos esperan otros seis años de lo mismo, esperemos que no, por el bienestar de los niños cuyos padres velan mas por otro tipo de intereses mas remunerados que por el bienestar físico y emocional de ellos y todos los niños que están en peligro, a pero eso si no debe de leer Aura porque es posible que su mente se vea influenciada por conductas que atentan a la moral y las buenas costumbres.

M.A.

1 El Art. 130 constitucional señala que “E)Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión publica, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios”.

2 “Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de las autoridades administrativas en los términos que establezcan las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan”.

José WoldenbergLa fuerza de las instituciones

Gabriel Zaid

Hace falta un mapa de la corrupción en el poder, con todas las dependencias, ventanillas, actos corruptos típicos y tarifas de los mismos. Así saltaría a la vista que la corrupción se concentra en las zonas de contacto externo y, por lo tanto, depende de los puestos, más que de las personas.
Lo confirma un dicho cínico: "No quiero que me den, sino que me pongan donde hay". Una persona dispuestísima a la corrupción puede tener pocas oportunidades de ejercerla. En el extremo opuesto, una persona íntegra puede quedar en situaciones donde la disyuntiva es renunciar o ser destruido (moral o físicamente, con plata o plomo).
Los altos puestos se prestan para la corrupción. Operan "donde hay". Disponen de muchos recursos y facultades legales, con un buen margen de libertad. Y, a diferencia de la corrupción visible, como las mordidas de tránsito, manejan operaciones invisibles: tan técnicas que nadie las entiende, y de un tamaño que nadie se imagina. Unas cuantas decisiones técnicas, dentro de una conducta por lo demás intachable, pueden ser más lucrativas que un millón de mordidas de tránsito.
Los puestos subordinados no tienen tanta capacidad de decisión. De hecho, su moralidad depende en buena parte de la moralidad en los puestos superiores, donde el margen discrecional hace que la corrupción sea posible, pero no necesaria; y donde la conducta (buena o mala) es un ejemplo que presiona a los subordinados. Por eso, la calidad moral de los altos funcionarios hace mucha diferencia en la calidad moral del gobierno. Y, sin embargo, hace más diferencia todavía la apertura a la vigilancia externa.
Sin transparencia, sin rendición de cuentas, sin escrutinio público y división de poderes, el poder corrompe. Un alto funcionario que autoriza operaciones irregulares de inmenso beneficio para el país y ningún beneficio para sí mismo debe ser castigado. Su actuación es patrimonialista, no porque sea en beneficio de su patrimonio personal, sino porque dispone de los poderes públicos como si fueran de su propiedad.
Su robo no es de dinero, sino de poder. Y al robo hay que sumar la ocultación y la mentira, porque no admitirá públicamente que robó con buenas intenciones. La buena conciencia por encima de la rendición de cuentas es una forma del poder impune. Hay funcionarios ejemplares que no abusan porque no quieren, pero un gobierno cuya honestidad depende de esa buena suerte no es recomendable. Es mejor un gobierno en el cual nadie abusa porque no puede: porque ningún abuso se le va a perdonar.
El buen reclutamiento y la buena suerte aumentan la proporción de funcionarios competentes, diligentes y decentes, que se vigilan a sí mismos y vigilan su dependencia. Pero, aunque todos fueran así, la vigilancia externa de los otros poderes, de la prensa y de la sociedad es imprescindible. Para esto, sería bueno:
1. Que todas las funciones de vigilancia de la Secretaría de la Función Pública salgan del poder ejecutivo y pasen a la Auditoría Superior de la Federación del poder legislativo. La secretaría (inventada para la "renovación moral de la sociedad") lleva cuatro sexenios de hacer el ridículo.
2. Que las declaraciones patrimoniales de todos los altos funcionarios (de director general para arriba) sean públicas.
3. Que todos los grandes pagos del sector público sean públicos. Se puede empezar por la publicación (el mismo día, en internet) de todas las pólizas de pago de más de cien millones de pesos; bajar después el umbral a diez millones y, finalmente, a un millón.
4. Que las quejas y denuncias que llegan a la Secretaría de la Función Pública y a la Presidencia de la República puedan ser conocidas y apadrinadas por gestores registrados (periódicos, asociaciones, despachos de abogados) para darles seguimiento y agrupar las que se refieren al mismo funcionario o el mismo procedimiento; hasta llegar, si es necesario, a tribunales. Y que los éxitos (las quejas y denuncias que producen cambios de personas o de procedimientos) se publiquen, para animar a los que prefieren no quejarse ni denunciar, porque creen que es inútil, cuando no peligroso; o porque no tienen tiempo, dinero o conocimientos para gestionar su propio caso.
5. Que las sentencias judiciales contra los abusos de las autoridades beneficien a todos los que estén en el mismo caso, no sólo a quienes pagan abogados y ganan el juicio. Y que la ley esté tan clara que los procuradores de justicia no puedan inventar pretextos para no ejercer la acción penal correspondiente contra las autoridades sentenciadas.

CONTRIBUCIÓN DE V.J.

El debate de la transparencia en el Mundo ha traído consigo diversas definiciones conceptuales que intenta explicar, delimitar y operar el concepto.

El ideal del Estado liberal y democrático, es decir el Estado de derecho basado en los principios de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, se hace presente con la transparencia y la deliberación de lo público.

Sin embargo, hoy día México afronta un problema de gobernabilidad, agravado por la estrecha y limitada definición de transparencia que caracteriza al régimen político. La crisis política que vivimos nos indica que "Hoy día la transparencia debe incluir el registro y las HUELLAS históricas de las votaciones parlamentarias y presidenciales".

Es pues el principio de gobernabilidad que debe caracterizar a las nuevas democracias en México, si es que esta sigue siendo la aspiración del Estado Mexicano. Es otras palabras, se debe constituir el principio de una memoria de Estado que trascienda al principio operativo de los hombres y las instituciones; el cual nos dirá si debemos juzgar a los hombres o al sistema.

¿Qué opinan?

Saludos,

VJ

“Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad"
Joseph Goebbels. Ministro de propaganda del gobierno de Adolfo Hitler

Sobre la Resolución del Tribunal,

Sin duda uno de los temas más controvertidos dentro de la escena política nacional es el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE). Como es de conocimiento popular, el pasado 5 de septiembre el TRIFE dio a conocer su resolución respecto al cómputo final de la elección de Presidente, la declaración de validez de la elección y de presidente electo. El resultado todos lo conocemos, sin embargo, el documento que sustenta el dictamen citado parece endeble frente los argumentos que sostienen la problemática en la que nos encontramos.

En lo que respecta al cómputo final de la elección, el Tribunal recibió impugnaciones a 281 de los 300 distritos electorales, de los cuales: 39 resultaron improcedentes, 43 se confirmaron y finalmente se modificaron 199. De lo anterior, se resolvió que el Partido Acción Nacional recibió un total de 14, 916,927 votos, mientras que la Coalición por el Bien de Todos obtuvo 14, 683,096 sufragios; de un total de 130, 477 casillas instaladas.

Veamos. Conforme a los datos mencionados, el 81% de los distritos impugnados sufrieron algún cambio y la diferencia de votos a nivel nacional fue apenas de 233, 831, es decir, menos de 1.8 votos por casilla (para continuar con el lenguaje matemático). En este orden de ideas, el apego irrestricto al marco jurídico de los magistrados resultó muy poco favorable al fenómeno social. Aunque también hemos de tomar en cuenta que en medio de dos fuerzas políticas que hicieron de suya propuestas totalmente divergentes –quien pedía el recuento total y quien solicitaba que se respetara el conteo ciudadano e institucional, los magistrados se encontraron en un escenario un tanto agotado.

No cabe duda que socialmente el recuento “voto por voto” era la salida más propicia en términos de transparencia y certeza; solución que el Tribunal deshecho realizando tan sólo un recuento parcial (menos del 20%), actividad que únicamente contribuyó al encono de parte del núcleo ciudadano que apostaba por una elección fraudulenta. Esta falta de visión y sensibilidad política minó, la ya de por si muy mancillada, transparencia del proceso. Baste ver la actual solicitud del presidente electo conminando al IFE a preservar las boletas electorales el mayor tiempo posible, con el propósito de abonar "la certeza y confianza de los ciudadanos en las instituciones" y “contribuir al entendimiento de los mexicanos” y por otro lado, la renuencia del IFE a transparentar la elección, expresada en la negativa a poner a disposición de ciudadanos los paquetes electorales.

A pesar del criterio de definitividad que fundamenta todas las etapas electorales, el siguiente fallo y seguramente el más “espinoso” que emitió el TRIFE es sin duda: la declaración de validez de la elección. En el documento que sustenta el dictamen, el Tribunal da suficientes razones para anular la elección. Pero no lo hace. Tres de los siete magistrados se inclinaban por la anulación de la elección, pero en busca de contribuir a la conciliación social, emiten su voto por unanimidad. Así, quisiera ser ingenuo y pensar que los jueces lo hicieron a propósito, para dejar sentado que en conciencia no estaban de acuerdo con la farsa que por orden superior representaron.

En el dictamen, los magistrados reconocen una clara intervención negativa del Consejo Coordinador Empresarial, y con esta el aval de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN); la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX); la Asociación de Bancos de México, A.C. (ABM) y el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), en contra del candidato de la Coalición por el Bien de Todos, violando el art. 48 del Cofipe.

Del mismo modo, observan una clara intervención –negativa- de diversas organizaciones civiles –algunas de ellas claramente vinculadas a la Iglesia Católica- sociedades anónimas y diversos terceros en contra del candidato de la Coalición por el Bien de Todos.

El Tribunal asentó en su dictamen que “la divulgación de estos spots sin duda generan efectos negativos, que atentan en contra del principio de la libertad del voto, en tanto que pueden constituir un factor determinante que influya en el ciudadano para orientar su elección electoral en determinado sentido”, empero concluyeron que tampoco era posible establecer una clara relación de causa-efecto, y por ende se desconocía el impacto que pudieron tener dichos spots en el sentido del voto de los ciudadanos.

Ante dicha aseveración, más de uno nos sentimos agraviados intelectualmente. Me pregunto qué pensaran los mercadólogos a quienes con esta sentencia se les ha quitado su materia de estudio? Y qué me dicen de las empresas, no sólo las pequeñas y medianas, sino las transnacionales que han sido timadas con montos millonarios que han pagado a empresas publicitarias?, no cabe duda que la Ley de televisión y radio, aprobada apenas hace un par de meses, tiene alcances inimaginables. Ante esto, pareciera que los magistrados necesitan una clase elemental de metodología de las ciencias sociales.

Dejando el sarcasmo para una ocasión más propicia. Según un estudio publicado por la revista nexos en su edición del mes de agosto pasado, Andrés Manuel perdió el grueso de su votación entre los votantes cuyo ingreso fluctúa entre los $7,500 y los $11,000, relación directamente proporcional a la clase social que mantiene algún tipo de crédito con instituciones de financiamiento. Es decir, AMLO mostró pérdida de votos entre quienes tienen un crédito inmobiliario y/o de bienes fluctuantes no perecederos (coches, muebles, etc.). En suma y con base en el porcentaje de diferencia por casilla establecido anteriormente (1.8 votos), la relación costo-efecto debió haber sido estudiada con mayor ahínco.

Un factor que llama la atención dentro de la resolución del Tribunal es la intervención del Presidente. A dicha intervención le dedican tan sólo 54 páginas, el aspecto más cuantioso del dictamen, pero suficientes para resumir cada una de las declaraciones del Presidente Fox en torno a su participación en la contienda electoral. Con base en su análisis, sencillamente califican al primer mandatario como el mayor peligro para la validez de la elección.

Respecto al uso indebido de programas sociales, el Tribunal también sostiene que existen quejas de diversos organismos civiles que denuncian el mal uso de los recursos públicos y la triangulación del presupuesto para favorecer a un candidato y promover el status quo.

De la propaganda difamatoria, extremista, reaccionaria y negativa que todos conocimos por Internet y que recibimos en nuestros correos electrónicos a través de las “cadenas”, también se hizo cargo el Tribunal, resolviendo, para sorpresa de todos, que tampoco existían elementos para ponderar su impacto.

La intromisión de extranjeros en la elección también fue objeto de análisis. Ya ni mencionar el resultado. Aunque resulta curioso observar como las últimas declaraciones del presidente Venezolano, Hugo Chávez, donde desconoce a Felipe Calderón como presidente electo y corta las relaciones diplomáticas con nuestro país, han sido condenadas por el gobierno de la República y son calificadas como violaciones a nuestra carta magna.

Días anteriores a la elección, la conductora Carmen Aristegui, en su emisión del programa “Hoy por Hoy”, transmitido por W Radio, denunció el mal uso del padrón electoral por parte de la empresa Hildebrando a favor del candidato del PAN, ante lo cual, no habrá que sorprendernos que tampoco se encontraron pruebas del uso indebido de la base de datos. Recordemos que el uso, desuso, mal uso y abuso de los datos de los ciudadanos es responsabilidad de los partidos, cierto es que el Cofipe mandata que el IFE entregue a sus 343 comités de vigilancia la copia respectiva del padrón electoral, pero los fines son única y exclusivamente con carácter de revisión, ya que la información personal es considerada como confidencial. Cualquiera que hayamos tenido acercamiento con alguna campaña política sabemos de la importancia y ventaja que resulta contar con este tipo de información.

La actuación del Consejo General del IFE prefiero no tratarla por el momento, ya que prefiero reservármelo para una extensión propia.

En suma, el dictamen que emitió el Tribunal y su sustento metodológico y analítico nos dejó a muchos insatisfechos. Quienes pensamos que después de la elección del año 2000, México entraba a una nueva era donde el juego democrático se presentaba como un valuarte impresicindible, impostergable y cuasi-consolidada entramos en una fase seria de desilusión institucional.

El verdadero peligro para México no es un ex candidato a la presidencia, sino la pérdida de credibilidad en las Instituciones, no hace falta recordar que 1 de cada 3 ciudadanos piensa que la elección fue fraudulenta (aunque los datos del diario “La Crónica” presente que sólo es 1 de cada 4, uds. evalúen), y con ello vemos minada la legitimidad de un Instituto que se consideraba como la tercer institución con mayor certeza y credibilidad ciudadana, sólo después del Ejército y la Marina. Desde que comenzó la elección, el Consejo General de IFE se ha esmerado constantemente en aparecer como inapropiado para desempeñar sus funciones. Pero ese es tema de otra discusión.

J.L.R.